Vecinos y organizaciones sociales presentan ante el Comité
Europeo de Derechos Sociales la primera reclamación colectiva contra España por
el corte continuado de la electricidad en Cañada Real
Las entidades firmantes
denuncian que el Estado vulnera derechos recogidos en la Carta Social Europea,
como el derecho a una vivienda adecuada o el derecho a la educación, al no
garantizar el suministro de electricidad y calefacción a más de 4.500 personas.
Madrid, 17 de marzo de 2022. Vecinos
de Cañada Real y organizaciones de defensa de los derechos humanos de ámbito
estatal e internacional han presentado ante el Comité Europeo de Derechos
Sociales una reclamación colectiva contra España por la vulneración de derechos
protegidos por la Carta Social Europea. Además, han solicitado a esta
institución que ordene el inmediato restablecimiento de la luz eléctrica, como
medida cautelar urgente. Se trata de la primera reclamación de este tipo
registrada contra España.
Las entidades firmantes denuncian
que España está incumpliendo obligaciones adquiridas ante el Consejo de Europa,
recogidas en la Carta Social Europea, al no asegurar la calefacción y el
suministro eléctrico de unas 4.500 personas que viven en los sectores 5 y 6 de
Cañada Real, de las cuales al menos 1.800 son menores. El suministro eléctrico
se interrumpió en octubre de 2020 y se prolonga hasta hoy.
La falta de suministro eléctrico
tiene un grave impacto en la vida de las personas afectadas, que no pueden
conservar alimentos frescos o ducharse con agua caliente. Provoca afecciones
médicas y el empeoramiento de problemas de salud preexistentes, complicaciones
de comorbilidad por exposición al frío, ansiedad y depresión. También dificulta
el uso de dispositivos médicos esenciales o el mantenimiento seguro de
medicamentos como la insulina.
Los recién nacidos, niños y
adolescentes sufren especialmente la privación de electricidad, que tiene una
repercusión directa en la educación de los menores, pues carecen de luz para
realizar las tareas escolares tras la puesta de sol. Mujeres, niñas, mayores y
personas con discapacidad también se ven desproporcionadamente afectados por la
falta de suministro, que ha agudizado la situación de pobreza y exclusión
social que ya existía en Cañada Real, donde el 16% de los habitantes son
menores de cinco años y el 38% son menores de 18.
Vulneración de derechos
recogidos por la Carta Social Europea
Esta situación ha sido denunciada
por el Defensor del Pueblo español o el Relator Especial de Naciones Unidas
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter. Ante estos
hechos, el Estado no ha adoptado ninguna medida efectiva para restablecer el
suministro o facilitar una alternativa a las personas afectadas.
Como consecuencia del corte
continuo de energía eléctrica y de la falta de actuaciones para restablecerlo,
el Estado vulnera, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada; el derecho
de los niños a crecer en un medio que favorezca el pleno desarrollo de su
personalidad y de sus aptitudes físicas y mentales y su derecho a la educación;
el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social; el derecho
al disfrute del más alto nivel posible de salud o el derecho de las personas
con diversidad funcional a la integración social y a la participación en la
vida de la comunidad, todos ellos recogidos por la Carta Social Europea.
La reclamación recoge también la
solicitud de que se adopten medidas cautelares urgentes que garanticen el
inmediato acceso a la calefacción y la electricidad, con el fin de evitar un
daño grave e irreparable a la vida, integridad física y moral de la población
afectada, y que se priorice su tramitación por el Comité.
Primera reclamación colectiva
contra España
Esta es la primera reclamación
colectiva presentada contra España al amparo de la Carta Social Europea, que
tiene por objeto garantizar los derechos y libertades de todos los individuos
en su vida cotidiana. Establece los derechos fundamentales a vivienda, salud,
educación, empleo, protección legal y social, movimiento de personas y no
discriminación.
España firmó su adhesión a la
Carta y su Protocolo en el año 2000, pero su entrada en vigor en nuestro país
no se ha producido hasta el 1 de julio de 2021. La reclamación colectiva se
presenta ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano encargado de
asegurar el cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de los Estados.
Las cinco organizaciones que
suscriben la reclamación colectiva son Defence for Children International,
European Federation of National Organisations working with the Homeless,
Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, International Movement
ATD Fourth World y Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con el apoyo
de las organizaciones agrupadas en la Plataforma Cívica por la Luz en Cañada
Real.
La reclamación cuenta con el
asesoramiento legal de GENTIUM y del Grupo Legal de la Plataforma Cívica por la
Luz en la Cañada Real.
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