Los centros para menores en situación de
desprotección son residencias para niños, niñas y adolescentes que compensan la
carencia de un número suficiente de familias dispuestas a darles un hogar de
acogida temporal a estos menores. Pueden ser un lugar de recepción, de atención
temprana y urgente, pero no deben cronificarse en la vida del menor. Así lo
indica la ley y así lo reclaman las organizaciones defensoras de los derechos
de la infancia. Por falta de inversión, comunicación o apuesta decidida para
incentivar el acogimiento familiar, el modelo de los centros se ha impuesto
cuantitativamente, pese a ser más costoso y perjudicial para el desarrollo de
la infancia. El quid de la cuestión está en que da
menos "dolor de cabeza" a la administración que el modelo familiar,
como señala el experto en protección a la infancia Jesús Palacios.
En el año 2019 (último con datos a nivel
estatal), se realizaron 21.187 ingresos en centros de menores. El motivo
principal (el 55%) es la asunción de una tutela ex lege (por una orden legal) de la administración. Pero puede
deberse también a que el juzgado imponga una guarda provisional (20%), que los
padres soliciten una guardia voluntaria (5%) o un 20% de "otras
causas" que es como las Comunidades Autónomas indican al Ministerio de
Derechos Sociales motivos dispares, como las medidas cautelares o la
modificación de una medida para pasar a otro tipo de centro. De igual manera,
también se desconoce el detalle de las causas de un considerable 54% de
registros de bajas en los centros de menores que no se corresponde con la
reintegración del menor a su familia, la mayoría de edad o el paso al
acogimiento familiar. Según indica el Ministerio, se cuantifican ahí a jóvenes
que tras alcanzar la mayoría de edad continúan siendo asistidos en su proceso
de emancipación, pero también refleja situaciones de abandono voluntario,
traslado, repatriación, fallecimiento del menor, etcétera.
Fuente: https://www.eldiario.es/
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