Comisión Europea: RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
de 20 de febrero de 2013
Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas
(2013/112/UE)
http://www.boe.es/doue/2013/059/L00005-00016.pd
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN “INVERTIR EN LA INFANCIA”
(TOMADO DE http://plataformadeinfancia.org/analisis-la-implementacion-la-recomendacion-invertir-la-infancia/#.WZ2LBiKrk1U.twitter)
Análisis de la implementación de la Recomendación “Invertir en la Infancia”
El 20 de febrero de 2013 la Comisión Europea hizo pública su Recomendación a los Estados sobre la pobreza infantil: Invertir en los niños: romper el ciclo de las desventajas. Esta Recomendación no establece obligaciones legales, pero es un instrumento fundamental para que los Estados Miembros aborden la pobreza infantil adecuadamente desde las políticas públicas.
La Recomendación establece tres pilares estratégicos para el desarrollo de políticas:
El acceso de las familias, niños y las niñas a recursos adecuados: apoyando el acceso al trabajo a los padres y madres, y garantizando un nivel de vida adecuado a los niños mediante ayudas económicas, desgravación de impuestos y ayudas a la vivienda.
El acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la primera infancia, garantizando la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, el acceso en condiciones a los sistemas de salud, a una vivienda y un entorno adecuado, y mejorando los sistemas de protección de la infancia.
El derecho de los niños y niñas a participar: mediante el apoyo a la participación de niños en la vida cultural, deportiva y el derecho al juego, y estableciendo mecanismos de participación en las decisiones que afectan a sus vidas.
Más de 4 años después la Red Europea de Política Social (ESPN) ha analizado el desarrollo de esta Recomendación en 35 países europeos. Esta red de expertos de la Comisión Europea ha publicado un informe detallado (en inglés) con los avances, retrocesos y modificaciones realizadas en cada uno de los países.
En relación al Pilar 1 de la Recomendación (el acceso a recursos), se han realizado importantes esfuerzos para fomentar la participación de los padres y madres en el mercado de trabajo en casi un tercio de los países en particular en tres áreas: medidas de activación, medidas para la conciliación (por ejemplo en permisos de paternidad y flexibilidad de horarios) y una mejor atención de los niños. En cuanto a la prestación de apoyo a los ingresos de la infancia y las familias, se ha reforzado en unos catorce países, pero se ha debilitado en ocho. España aparece destacada como ejemplo negativo sobre el desarrollo de esta cuestión, mencionando en el informe “baja cobertura de las prestaciones para la infancia”.
En relación con el Pilar 2 de la Recomendación (acceso a servicios de calidad asequibles) el panorama es desigual. Se destaca los progresos en el fortalecimiento de la prestación de servicios de educación y atención de la primera infancia frente a otros ámbitos, con avances notables en 18 de los 35 países estudiados. Nueve países han mejorado sus políticas en relación con el apoyo familiar y a la infancia que precisa cuidados alternativos, ocho países mejoran en el área de educación y sólo tres en el campo de la salud. En la vivienda y el medio ambiente, las políticas se debilitaron en siete países y sólo se fortalecieron en dos.
En relación con el Pilar 3 de la Recomendación (derecho de participación de los niños), siete países han reforzado sus políticas relacionadas con el juego, el ocio, el deporte y las actividades culturales. Unos nueve países han fortalecido sus políticas y prácticas en relación con la participación de niñas y niños en la toma de decisiones.
En cuanto a cómo se ha abordado la pobreza infantil y la exclusión social en el Semestre Europeo, el enfoque se ha reforzado en sólo seis Estados miembros, mientras que se ha debilitado en otros dos.
En relación con el uso de los instrumentos financieros europeos para apoyar la inclusión social de la infancia, 12 de los 28 Estados Miembros han incrementado y fortalecido el uso de estos instrumentos. Sin embargo se destaca que 14 Estados han realizado pocos cambios desde 2013 y se critica que dos Estados Miembros han disminuido el uso de estos fondos; en concreto Rumanía y España.
Sin embargo el informe destaca algunas buenas prácticas del uso de estos instrumentos algunos programas para apoyar directa o indirectamente a la infancia. En este segundo grupo se destaca el programa español “Aprender Trabajando” que orientado a la población gitana ha conseguido mejorar, entre otras cuestiones, la educación de niños de etnia gitana.
El informe constata que a pesar de los avances de algunos países es evidente que “se han logrado progresos muy limitados en la mayoría de los ámbitos en muchos de los países con niveles altos o muy altos de pobreza infantil o exclusión social” (España y otros nueve países estarían en esta situación) “y de hecho algunos de ellos han debilitado su enfoque en varias áreas. Esto es especialmente preocupante dado el alto nivel persistente de niños en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE (26,9% en 2015) y la gran divergencia entre países”
Como conclusión, los expertos recomiendan la implementación de esta Recomendación y sobre todo abordando cuatros áreas especialmente: “Desarrollar enfoques más globales, estratégicos y coordinados, y se tengan en los derechos del niño en la formulación de políticas nacionales”; “Orientar mejor las políticas en los grupos de alto riesgo como puede ser la población gitana y los niños migrantes”; “Aumentar la accesibilidad y la calidad de los servicios de Educación y Atención Prescolar”; “Y abordar las desigualdades y los problemas de acceso en las escuelas”.
En el caso de España las recomendaciones que realizan los expertos se centran en:
Realizar un importante esfuerzo de inversión social desarrollando una generosa prestación social universal para todos los niños y niñas.
Reforzar la inversión educativa en los grupos más vulnerables (migrantes, población gitana).
Incrementar como prioridad política la educación y la atención de la primera infancia como mecanismo para facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional, así como para reducir las desigualdades y mejorar las oportunidades de vida de los niños y niñas de los grupos más vulnerables.
