El día 14 de diciembre nuestra Asociación Defensa de Niños Niñas Internacional España, (DNI INTERNACIONAL ESPAÑA), nuestra Jornada “COMPARTIENDO EXPERIENCIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LAS VILENCIAS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN LA SITUACIÓN DE PROTECCIÓN” dentro del programa europeo “BECOME SAFE”
Fue una jornada en la que pudimos participar
todos los actores sociales y sobre toda la participación de nuestros jóvenes
Facilitadores.
Tanto la Organización para las Naciones Unidas como el Consejo de Europa han mostrado su preocupación por la situación de los/as adolescentes privados/as de libertad en instituciones penitenciarias juveniles. Los motivos de este recelo son el impacto negativo que tiene sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes, la magnitud del sufrimiento de los niños/as internos/as y los efectos negativos que tiene el internamiento sobre la futura reinserción.
Para tratar esta cuestión se contará con una mesa de expertos internacionales sobre Justicia Juvenil durante el primer día del webinario. El segundo día se presentarán los resultados de una investigación para de seguido hablar sobre las experiencias prácticas a nivel mundial.
DIA 22 DE JUNIO: UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS DERECHOS HUMANOS
La Plataforma Cívica por la luz en Cañada
Real, con el apoyo de cinco grandes organizaciones internacionales de defensa
de los Derechos Humanos denuncia al Reino de España ante el Consejo de Europa
por la vulneración de derechos humanos en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real.
● Web de consulta: https://www.plataformaluz.com/
● Defensa de los Niños Internacional (DCI)
● Federación
Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con los Sin Techo (FEANTSA)
● Magistrats Européens pour la Démocratie et les
Libertés (MEDEL)
● Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CCOO)
● Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo
-
Organizaciones
agrupadas en la Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en Cañada Real; entre ellas,
Amnistía Internacional, Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI),
Fundación Secretariado Gitano, Coordinadora de Barrios, hasta un total de 50.
La
Plataforma considera que España está incumpliendo obligaciones adquiridas ante
el Consejo de Europa y su Carta Social Europea, en vigor desde el 1 de julio de
2021 en su territorio, en concreto en lo relativo a:
● Derecho a una vivienda adecuada, artículos de la
Carta 31 y E (no discriminación).
● Derecho de la familia a protección social,
jurídica y económica, artículos 16 y E (no discriminación).
● Derecho de los niños a la asistencia, a la protección
contra la negligencia y la violencia, y a la educación, artículos 17 y E (no
discriminación).
● Derecho a la protección contra la pobreza y la
exclusión social, artículos 30 y E (no discriminación).
● Derecho de las personas mayores a la protección social,
artículo 23
● Derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud, artículos 11 y E (no discriminación).
● Derecho de las personas con discapacidad a la
independencia, a la integración social y a la participación en la vida de la
comunidad, artículos 15 y E (no discriminación).
● Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato
en materia de empleo y ocupación sin discriminación por razón de sexo, y
derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de
oportunidades y de trato, artículos 20, 27 y E (no discriminación).
Ante
el Comité Europeo de Derechos Sociales, (ECSR), el órgano encargado de vigilar
el cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de los estados miembros.
Se pide que el Estado (entendiendo por tal todas las administraciones
públicas: estatal, autonómica y local) cese en la violación de los derechos de
las personas que viven en la Cañada Real y les repare por las violaciones hasta
ahora producidas
Además, con carácter inmediato se pide el restablecimiento de la luz eléctrica, como medida cautelar, dado que las personas que viven en los sectores 5 y 6 de Cañada Real, entre las que hay unos 1.800 niños, se encuentran en una situación excepcional y tangible en la que corren el riesgo de sufrir un grave daño irreparable para la vida y la integridad psíquica y física a causa de la falta de electricidad.
DUDAS y SUGERENCIAS.
segunda alegación:
14. En segundo lugar, teniendo en cuenta que la Demanda se refiere a
una persona privada
●
La referencia a
la persona privada es a Naturgy. Y lo que dice la reclamación es que, aunque
sea una persona privada la que ha cortado la luz “las cuestiones denunciadas
pueden atribuirse al Estado, al menos en su calidad de regulador” y por eso
demandamos al estado
Solicitud de medidas inmediatas:
18. En vista de ello, de conformidad con los párrafos 1 y 2 del
artículo 36, los denunciantes solicitan respetuosamente que el Comité indique
urgentemente al Estado la adopción de las medidas inmediatas detalladas en la
sección B del capítulo VI.
●
El artículo 36 del Reglamento del Comité.
Vecinos y organizaciones sociales presentan ante el Comité
Europeo de Derechos Sociales la primera reclamación colectiva contra España por
el corte continuado de la electricidad en Cañada Real
Las entidades firmantes
denuncian que el Estado vulnera derechos recogidos en la Carta Social Europea,
como el derecho a una vivienda adecuada o el derecho a la educación, al no
garantizar el suministro de electricidad y calefacción a más de 4.500 personas.
Madrid, 17 de marzo de 2022. Vecinos
de Cañada Real y organizaciones de defensa de los derechos humanos de ámbito
estatal e internacional han presentado ante el Comité Europeo de Derechos
Sociales una reclamación colectiva contra España por la vulneración de derechos
protegidos por la Carta Social Europea. Además, han solicitado a esta
institución que ordene el inmediato restablecimiento de la luz eléctrica, como
medida cautelar urgente. Se trata de la primera reclamación de este tipo
registrada contra España.
Las entidades firmantes denuncian
que España está incumpliendo obligaciones adquiridas ante el Consejo de Europa,
recogidas en la Carta Social Europea, al no asegurar la calefacción y el
suministro eléctrico de unas 4.500 personas que viven en los sectores 5 y 6 de
Cañada Real, de las cuales al menos 1.800 son menores. El suministro eléctrico
se interrumpió en octubre de 2020 y se prolonga hasta hoy.
La falta de suministro eléctrico
tiene un grave impacto en la vida de las personas afectadas, que no pueden
conservar alimentos frescos o ducharse con agua caliente. Provoca afecciones
médicas y el empeoramiento de problemas de salud preexistentes, complicaciones
de comorbilidad por exposición al frío, ansiedad y depresión. También dificulta
el uso de dispositivos médicos esenciales o el mantenimiento seguro de
medicamentos como la insulina.
Los recién nacidos, niños y
adolescentes sufren especialmente la privación de electricidad, que tiene una
repercusión directa en la educación de los menores, pues carecen de luz para
realizar las tareas escolares tras la puesta de sol. Mujeres, niñas, mayores y
personas con discapacidad también se ven desproporcionadamente afectados por la
falta de suministro, que ha agudizado la situación de pobreza y exclusión
social que ya existía en Cañada Real, donde el 16% de los habitantes son
menores de cinco años y el 38% son menores de 18.
Vulneración de derechos
recogidos por la Carta Social Europea
Esta situación ha sido denunciada
por el Defensor del Pueblo español o el Relator Especial de Naciones Unidas
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter. Ante estos
hechos, el Estado no ha adoptado ninguna medida efectiva para restablecer el
suministro o facilitar una alternativa a las personas afectadas.
Como consecuencia del corte
continuo de energía eléctrica y de la falta de actuaciones para restablecerlo,
el Estado vulnera, entre otros, el derecho a una vivienda adecuada; el derecho
de los niños a crecer en un medio que favorezca el pleno desarrollo de su
personalidad y de sus aptitudes físicas y mentales y su derecho a la educación;
el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social; el derecho
al disfrute del más alto nivel posible de salud o el derecho de las personas
con diversidad funcional a la integración social y a la participación en la
vida de la comunidad, todos ellos recogidos por la Carta Social Europea.
La reclamación recoge también la
solicitud de que se adopten medidas cautelares urgentes que garanticen el
inmediato acceso a la calefacción y la electricidad, con el fin de evitar un
daño grave e irreparable a la vida, integridad física y moral de la población
afectada, y que se priorice su tramitación por el Comité.
Primera reclamación colectiva
contra España
Esta es la primera reclamación
colectiva presentada contra España al amparo de la Carta Social Europea, que
tiene por objeto garantizar los derechos y libertades de todos los individuos
en su vida cotidiana. Establece los derechos fundamentales a vivienda, salud,
educación, empleo, protección legal y social, movimiento de personas y no
discriminación.
España firmó su adhesión a la
Carta y su Protocolo en el año 2000, pero su entrada en vigor en nuestro país
no se ha producido hasta el 1 de julio de 2021. La reclamación colectiva se
presenta ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano encargado de
asegurar el cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de los Estados.
Las cinco organizaciones que
suscriben la reclamación colectiva son Defence for Children International,
European Federation of National Organisations working with the Homeless,
Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, International Movement
ATD Fourth World y Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con el apoyo
de las organizaciones agrupadas en la Plataforma Cívica por la Luz en Cañada
Real.
La reclamación cuenta con el
asesoramiento legal de GENTIUM y del Grupo Legal de la Plataforma Cívica por la
Luz en la Cañada Real.
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Durante los días 22 y 24 de enero del 2022, DNI ESPAÑA realizó la formación presencial para los Facilitadores Juveniles en el marco del Proyecto Become Safe, continuando con un proceso mas práctico el 30 y 31 de del mismo mes.
La empatía lograda por los y las participantes a raíz de sentirse identificados con varias situaciones en las que no tenían el conocimiento necesario para poder afrontar circunstancias poco favorables durante su movimiento/traslado migratorio, ha llevado a ellos y ellas a participar con mucho ímpetu y querer aprender sobre derechos y violencias y como éstos afectan a los niños, niñas y adolescentes en contextos migratorios. Desde DNI España en el marco del desarrollo del Proyecto Become Safe se imparte las formaciones para los FACILITADORES JUVENILES para que que ellos y ellas generen dos procesos entre pares, una consulta a personas menores de edad y a partir de los insumos brindados en dicha consulta realicen una campaña informativa y de sensibilización. Con los resultados obtenidos del proceso de formación y consultas, con los formadores juveniles se realizará una mesa redonda de devolución de resultados en donde se invitarán a autoridades y técnicos de los servicios sociales y ONGs.
Agradecemos también la colaboración de FEPA Zaragoza quien nos facilitó la participación de los Colaboradores Juveniles.
Solayman Zbiakh recuerda vivamente la primera vez que habló con su madre después de que su patera, en la que también viajaba su hermano, llegara sin problemas a la cosa de Cádiz. Él tenía 16 años y su hermano, 18. "Ella no paraba de llorar y de gritar. De alegría porque habíamos llegado bien, pero también de tristeza, porque ya no estábamos allí. No quería que viniéramos, pero era necesario, necesitábamos dinero. La primera semana después de irnos se la pasó entera en la cama, llorando", afirma.
El mes pasado, Solayman, de 20 años y un acento ya más gaditano que magrebí, pudo cruzar a la inversa los 14 kilómetros de agua incierta que le separan de su Tánger natal. Esta vez, sin riesgos, en ferri, sin pagar grandes sumas de dinero a un traficante, con su pasaporte en una mano y su permiso de residencia en España en la otra. "¡Ojú! Cuando me vio mi madre, también se puso a llorar. Y no paraba", dice. Pero era un llanto distinto. Habían pasado tres años y ahora solo volvía de vacaciones. "Ya puedo ayudarla cada mes, cuando le envío parte de mi nómina", asegura orgulloso.
Nómina. Esa palabra nunca había formado parte de su vocabulario, pero que ahora la lee cada mes en la carta, junto a otros conceptos como Seguridad Social, contingencias comunes, retención o formación para el empleo. "¿Qué sentí con la primera? ¡Hostias! Sentí que tenía dinero mío por fin, que podía ahorrar, comprar cosas que me hacían falta, ayudar a mis padres y mis seis hermanos. Sentí que ya podía pensar en el futuro", explica desde Chiclana de la Frontera, donde trabaja en una empresa de alquiler de maquinaria.
Ya van más de seis nóminas seguidas y se puede afirmar sin miedo a equivocarse que Solayman Zbiakh es un chaval feliz. Feliz y trabajador, y eso ya es mucho en un país sacudido por la mala salud mental de sus jóvenes y la endógena precariedad que les envuelve, más aún después de la pandemia. Pero Solayman ha tenido que superar retos más duros que la irrupción de un virus que, curiosamente, para él supuso la primera oportunidad de tomar por sí mismo las riendas de su vida.
El Gobierno aprobó en 2020 un decreto especial para que chavales migrantes extutelados como él, de entre 18 y 21 años, pudieran trabajar en el campo, cuando todo el país estaba confinado y no había mano de obra. Solayman, como otros 400 chicos, rellenó el papeleo con la ayuda de la ONG Familias Solidarias para el Desarrollo, que trabaja en Chiclana acogiendo a los chicos, migrantes o españoles, cuando salen desamparados del sistema de protección al cumplir 18 años, explica Juan Molina, su director. Al poco tiempo estaba cogiendo fresas en Huelva.
Fue el primer empleo de su vida, "y muy muy duro", matiza entre risas, pero tenía fecha de caducidad a los pocos meses. Él pudo aprovechar esa coyuntura para renovar sus permisos trabajando en un restaurante al poco tiempo. "Pero sin la última reforma del reglamento de Extranjería, ahora no habría podido renovar los papeles y no podría trabajar ni nada", detalla el joven a través de una video llamada. Se habría convertido en migrante en situación irregular, en un simpapeles.
"Esto me ha cambiado la vida, así de claro. Siento que ya soy una persona responsable, que tiene que organizarse y calcular, pero también soy libre. Puedo trabajar, ganarme la vida. Antes no podía". Solayman se refiere a la reforma del reglamento de Extranjería para jóvenes tutelados y extutelados que aprobó el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social el pasado octubre.
Fue la medida en materia migratoria de mayor calado desarrollada hasta ahora por el Ejecutivo. Al menos en lo que respecta a los derechos adquiridos para la población migrante. En palabras del ministro José Luis Escrivá, el cambio venía a corregir una "anomalía" que durante décadas ha condenado a los menores extranjeros no acompañados, tutelados por las comunidades autónomas, a una más que probable exclusión social y a la irregularidad sobrevenida.
FUENTE: https://www.publico.es/
NOTA COMPLETA: https://bit.ly/3sgZnoL
