Un par de semanas después de que el gobierno de Estados Unidos anunció su política de cero tolerancia sobre la entrada ilegal en su frontera suroeste, el mundo fue testigo del devastador impacto de estas acciones en la vida de las familias que buscan protección en el país. La semana pasada, en medio del clamor de indignación por la creciente separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos, el 20 de junio de 2018, el presidente Trump emitió una Orden Ejecutiva que, en lugar de proteger a estos niños, niñas y adolescentes promete causar un daño adicional en ellos y en muchas otras familias.
La Orden Ejecutiva de ninguna manera aborda a las más de 2,000 familias que han sido separadas como parte de la ‘política de cero tolerancia sobre la entrada ilegal en la frontera suroeste’ de la Administración. Actualmente no existe una declaración con respecto a los planes para reunir a estos niños, niñas y adolescentes con sus padres que buscan protección en el país. La política está dirigida a las familias que ingresaban a los Estados Unidos en puntos no autorizados, aunque muchas familias en busca de seguridad habían sido rechazadas en los puntos de entrada oficiales. Estos niños, niñas y adolescentes fueron separados innecesariamente de sus padres y detenidos en instalaciones inapropiadas mientras las autoridades buscaban opciones de colocación en un sistema que ya está saturado. Ahora muchos permanecerán en albergues gubernamentales o con familias sustitutas y es probable que se les dejará navegar por sí solos el complejo procedimiento migratorio y de asilo. Es posible que nunca vuelvan a encontrarse con sus padres, incluso en caso de que todos sean retornados al mismo país.
La Orden Ejecutiva pretende implementar un sistema de detención masiva de niños, niñas y adolescentes junto con sus familias por períodos de tiempo indefinidos, en condiciones carcelarias. En vez de separar a las familias, la Orden Ejecutiva establece planes para detenerlas juntas y peor, encerrar a más familias que antes. Actualmente, EE. UU. tiene centros de detención migratoria específicos para familias, con capacidad para encerrar a cerca de 3,000 madres y sus hijos. Estos centros han estado operando bajo un severo escrutinio y desafíos legales desde 2014. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos tiene el mandato legal de liberar a los niños, niñas y adolescentes lo más rápido posible y colocarlos en el entorno menos restrictivo adecuado a su edad y necesidades, de conformidad con la decisión judicial de Flores v. Reno de 1997. En 2015, un Tribunal Federal concluyó que la detención familiar prolongada o indefinida también es una violación a esta resolución. La Orden Ejecutiva busca impugnar estos fallos a fin de encerrar a estas familias en condiciones carcelarias de manera indefinida. Solicita al tribunal la creación y aprobación del uso de instalaciones adicionales para detener a las familias, incluso en bases militares. En contravención directa de estas órdenes judiciales, también propone la detención indefinida de familias mientras esperan la resolución de sus procedimientos migratorios que, debido a retrasos en los tribunales, puede llevar meses e incluso años.
La detención NO es la solución. La detención migratoria es extremadamente perjudicial para los niños, niñas y adolescentes, independientemente de las condiciones o el periodo de tiempo que pasen ahí. La Academia Estadounidense de Pediatría y otros Expertos en desarrollo infantil concuerdan que la detención somete a los niños, niñas y adolescentes a un trauma psicológico y fisiológico que a menudo es irreversible. Los estándares internacionales de derechos humanos son claros en que la detención en el contexto de la migración nunca es compatible con el interés superior del niño y siempre constituye una violación a sus derechos.
Por estas razones, miembros del Congreso, médicos, expertos en derechos humanos, abogados, jueces, comunidades de fe y de migrantes y aliados en todo Estados Unidos y alrededor del mundo se han manifestado en contra del uso de la detención migratoria.
Estados Unidos tiene opciones para proteger a estos niños, niñas y adolescentes AHORA. Estados Unidos cuenta con alternativas a la detención que puede elegir implementar ahora. Estas alternativas respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes al permitirles vivir junto con sus familias en la comunidad mientras participan en su procedimiento migratorio o de asilo. Estados Unidos ha tenido experiencias exitosas con las alternativas a la detención, incluso el reciente Piloto para la Gestión de Casos de Familias (FCMP por sus siglas en inglés) y otras iniciativas locales que han demostrado ser menos costosas que la detención y causan menos daños al bienestar de los niños, niñas y adolescentes y sus familiares. Las alternativas a la detención no deben ser confundidas con los aparatos de monitoreo electrónico conocidos como ‘grilletes’ o ‘braceletes electrónicos’ que criminalizan la migración y son considerados por IDC como otra forma de detención.
La detención migratoria es una práctica cara, costando a los Estados Unidos cerca de $300 USD por día por cada familia detenida, mientras que las alternativas cuestan únicamente $36 USD por familia, por día. La detención también es ineficaz en la reducción de la migración irregular y no puede usarse legalmente para castigar a las personas o disuadir la migración en el futuro.
Las alternativas a la detención pueden implementarse en Estados Unidos ahora y no requieren modificaciones a la ley.
Fuente: Coalición Internacional contra la detención (IDC sus siglas en inglés)
https://idcoalition.org/es/news/detention-is-not-the-solution-us-plan-to-lock-up-children-indefinitely/
de la cual DNI Internacional forma parte.
